Si algo quedó claro hoy en la tercera jornada del IV Congreso de Transparencia que se celebra telemáticamente fue la defensa que se hizo a favor de que los denunciantes puedan señalar de forma anónima irregularidades o mal funcionamiento de empresas o administraciones públicas.
En este sentido el más contundente fue el director de la Agencia Antifraude de Valencia, Joan Llinares, quien abogó porque en la transposición de la Directiva del Denunciante de la Unión Europea, no se exija la identificación de la persona que señala irregularidades o prácticas corruptas.
“Soy un firme defensor de la denuncia anónima. Es la máxima garantía del denunciante”, aseguró en la mesa redonda en la que compartió tribuna, o más bien pantalla, con una de las personas más reconocidas en la lucha contra la corrupción en España, el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria, así como otro experto en la materia, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, Juli Solé.
Llinares recordó que la Agencia Valenciana Antifraude, bajo su dirección, trabaja con alertas anónimas, ya que se hace ante una “autoridad que tiene entre sus responsabilidades investigar las irregularidades de las administraciones públicas”. También ha remarcado los antecedentes existentes en la justicia española entre ellas una del Tribunal Supremo de Febrero de 2020, que acepta la denuncia anónima para señalar una ilegalidad en el sector privado.
Llinares compartió con los más de 200 asistentes que en la actualidad la agencia que dirige, de vanguardia en España, está protegiendo a 21 personas, en su mayoría servidores públicos. El derecho a la presunción de inocencia ya protege al denunciado y “lo que se lleva al juzgado es una instrucción completa de aquello que se ha descubierto”, insistió.
Por su parte, Solé dijo que no sólo había que defender que la denuncia fuese anónima, sino que fomentar que así se haga. Solé habló durante su intervención en términos de transparencia y buena gobernanza, señalando asimismo que la norma de referencia en el caso español es la ley orgánica de protección de datos, que acepta denuncias anónimas.
“Las denuncias y la transparencia son un medio para fomentar un buen gobierno, una buena administración, en definitiva, una buena gobernanza”, insistió Solé, quien considera que la Directiva Europea plantea como posible el anonimato.
Por su parte, también el catedrático Villoria se mostró partidario del anonimato y destacó además que en la transposición de la Directiva Europea se permita a todos los ciudadanos hacer una denuncia y no sólo limitar este derecho a aquellos que tiene una relación de trabajo con la irregularidad que señalan. “Habría que ir pensando cómo proteger a las personas que conocen un delito denunciable pero no tiene una relación de trabajo”, indicó Villoria, que es miembro del Comité de Dirección de Transparencia Internacional en España.
Y en este ámbito fue Llinares quien, desde su experiencia, alertó del colectivo que podría quedar fuera en la transposición de la ley y que la agencia que dirige sí admite. “Miremos los empresarios que son apartados de proceso de contratación por malas prácticas o por prácticas corruptas de ningún modo deberían quedar excluidos. Además, la directiva lo dice en su preámbulo: quienes mejor tienen conocimiento tienen de las prácticas corruptas son los que están cercanos o sufren sus consecuencias”, explicó.
En su opinión, uno de los déficits de la directiva es respecto a la condición del denunciante, ya que se excluye a la persona jurídica, como bien podría ser una empresa, una ONG o una organización ciudadana que lucha contra la corrupción. “Estas entidades no pueden ser excluidas de su capacidad para poner denuncias. Han nacido como una reacción ciudadana ante el hartazgo de tanta corrupción”, afirmó.