Blueprint For Free Speech ha realizado la primera encuesta efectuada en España sobre la persecución judicial de los denunciantes de prácticas corruptas que son imputados por “revelación de secretos” –como Roberto Macías, condenado en mayo a dos años de prisión– y los resultados son abrumadores: el 71% de la población considera que hay que apoyarlos. Algo que ya dispone desde hace más de un año la Directiva Europea 2019/1937 pero que la Fiscalía española sigue sin aplicar.
La inmensa mayoría de los españoles, sin casi diferencias por sexo, edad, ocupación, estudios o nivel de ingresos, apoyan sin condiciones que se dé protección total a los alertadores de abusos de poder y/o corrupción, incluso aunque para denunciarlo hayan revelado información privilegiada o secreta, si lo que han sacado a la luz constituyen “graves irregularidades”.
Así queda patente en el sondeo impulsado por la ONG Blueprint For Free Speech (Proyecto para la Libertad de Expresión) en colaboración con la consultora internacional IPSOS, que será presentado a lo largo de este mes y a cuyas tablas completas ha tenido acceso Público.
La opinión pública mayoritaria que se refleja en esta encuesta –2.174 entrevistas realizadas a nivel nacional– choca de plano con la práctica fiscal y judicial que se mantiene en España, y deja en evidencia la falta de interés por parte del Gobierno, e incluso la oposición de la Fiscalía, a aplicar las medidas de protección de los alertadores (whistleblowers, en inglés) dictadas por la Directiva Europea 2019/1937 que entró en vigor el 17 de diciembre de 2019 y es de obligado cumplimiento desde entonces para todos los países de la UE.
Las autoridades españolas se han escudado –para no aplicarla– en el largo plazo concedido para trasponer todas las disposiciones de esa directiva de la UE a la legislación de cada país; plazo que concluye este próximo mes de julio sin que se haya avanzado casi nada en la elaboración de una nueva Ley de Protección de Alertadores. A pesar de que el primer texto de esa proposición de ley –redactado por Xnet en coordinación con la red WIN (Whistleblowing International Network)– fue presentado hace ya catorce meses y apoyado por los 16 diputados de Compromís, ERC, Más País y BNG.
Según explica a Público Simona Levi, fundadora de Xnet, “el Ministerio de Justicia ha encargado a una comisión preexistente –la General de Codificación– de hacer la trasposición legal de la directiva y hasta ahora sólo han hecho una consulta pública obligatoria, que sacaron hace unos 15 días, con unas preguntas bastante básicas”.
Xnet presentó una amplia respuesta a esa consulta pública, en la que se pone de manifiesto la falta de preparación de la comisión, dice Levi. “Nos sorprende que no se utilice el término “alertador” y “alerta” en el texto de la consulta ni una sola vez. Parece que no se haya considerado por el Grupo de Trabajo de la Comisión General de Codificación y es francamente sorprendente tenido en cuenta que el propio Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una de sus primerísimas intervenciones públicas hizo manifestaciones explícitamente en acuerdo con nuestra petición ante la Comisión Europea”.
Levi subraya que el uso del término “denunciantes” para referirse a los “alertadores” en la transposición legal de la directiva europea es muy negativo porque “los conceptos de denuncia y denunciante ya disponen de definiciones en el ordenamiento jurídico español, en los artículos 259 a 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, e impone obligaciones que entran en conflicto con lo previsto en la directiva”.
Por ejemplo, establece “la obligatoriedad de denunciar, cuando en la mayoría de los casos, como advierte la directiva con la implantación de canales internos de alerta, no es lo más conveniente”, así como que “se exige que la persona se identifique, además de firmar la denuncia en el ámbito penal”, algo que “contradice el anonimato permitido por la directiva con el objetivo de proteger a los alertadores”.
“Es una buena directiva europea, una de las pocas que se han impulsado desde la Eurocámara, sobre todo del Grupo Verde”, continúa Levi, “pero en la Fiscalía española hay la tendencia de explotar las lagunas más negativas de que adolece, como las que dejan demasiada manga ancha a los estados de la Unión en la aplicación concreta de la protección a los alertadores“.
Unas omisiones que ya han sido aprovechadas por la Fiscalía para mantener las imputaciones de “revelación de secretos” contra Roberto Macías por sacar a la luz las facturas falsas de UGT Andalucía –y conseguir que fuera condenado por ello a dos años de prisión– alegando que no hay que aplicar la directiva europea hasta que haya concluido la trasposición legal, algo que en España muchas veces se demora incluso años por detrás del plazo fijado por la UE y que en este caso puede postergarse aún más a causa de la pandemia.
En cambio, juristas consultados por Público, subrayan que “la Directiva entró en vigor a los 20 días de su promulgación, como se especifica al final del texto, y por tanto, el whistleblower sí puede alegar que no se le puede perseguir por haber difundido material secreto, ya que era la única manera que tenía de denunciar una ilegalidad. Eso constituye una eximente, una atenuante o incluso una exoneración de esa responsabilidad”, según Fruitós Richarte i Travesset, exmagistrado de la Audiencia de Barcelona.
“Ya es obligatorio proteger a los alertadores de corrupción”
“Lo malo es que todavía no se pueda condenar a los que persigan a un denunciante de corrupción”, concluye Richarte i Travesset. “Pero sí es obligatorio ahora concederle protección, ya que está beneficiando a un reo que tenía excusa o justificación para haber cometido el delito que se le imputa. Al malo, no le podré condenar; pero al bueno sí que lo puedo proteger, ¡por Dios!”
Eso mismo es lo que opinan casi tres cuartas partes de los españoles, según la encuesta de IPSOS para Blueprint For Free Speech, tal como se puede ver en los siguientes gráficos que muestran los resultados segmentados por diferentes rangos de población: https://backoffice.porcentual.es/widget.html#/charts/fJGBK3bJ2H6HJH3gLlZoRw/widget
Más apoyo de las mujeres y personas con más formación
En esta gráfica se puede ver cómo las mujeres y las personas con formación más elevada son las que más apoyan a los alertadores (en un 73%), incluso si revelan información reservada, por encima del conjunto del 71% de todos los encuestados. No obstante, incluso en el segmento de resultado más bajo (el de los que sólo han recibido educación primaria) ese apoyo es superior a los dos tercios (67%). https://backoffice.porcentual.es/widget.html#/charts/grlTYc8yGWMNc7sPm4IkMQ/widget
En cuanto a los rangos de edad, el apoyo a los alertadores es más alto (otra vez, el 73%) entre las personas de 35 a 54 años. Pero es igualmente superior a los dos tercios (67%) entre los que menos apoyo les dan (los encuestados más jóvenes, de 18 a 24 años).
Por profesión o empleo, el apoyo más elevado a los alertadores se registra entre los ejecutivos y profesionales (73%), pero es casi tan alto (72%) entre los técnicos, administrativos y funcionarios. Una vez más, el menor apoyo (el que se da en las respuestas de obreros, gente con empleos básicos y miembros de las fuerzas armadas) es superior a los dos tercios (67%)
El 80% de los que ganan más de 60.000€ los apoyan
Finalmente, es curioso comprobar que el máximo apoyo a los alertadores, incluso cuando revelan informaciones reservadas o secretas, se registra entre los más adinerados, ya que alcanza el 80% de los que ingresan más de 60.000 euros al año. Aún así, en el siguiente rango (de 36.000 a 60.000 euros/año) es también muy alto (75%) y el más bajo de estos segmentos (el de los que ingresan menos de 18.000 euros/año) asciende hasta el 70%.
Con estos resultados iniciales (Blueprint For Free Speech ampliará los datos de este estudio de IPSOS a lo largo de este mes de febrero) queda claro que la opinión pública española es mucho más favorable a la protección incondicional de los alertadores de corrupción de lo que están practicando las autoridades judiciales y ejecutivas, que todavía no han aplicado la Directiva Europea que así lo requiere a todos los países miembros.
Los autores del estudio también subrayan que “en España son numerosos los casos de personas que deciden alertar sobre irregularidades a pesar de que no cuentan con una normativa que les proteja de posibles represalias”.
Frente a esta situación se han puesto en marcha iniciativas de la sociedad civil como el proyecto europeo Expanding Anonymous Tipping (EAT), del que forma parte Blueprint For Free Speech, que busca ofrecer soluciones a la demanda de canales seguros de denuncia de irregularidades en organizaciones de toda Europa. Estos buzones utilizan tecnología de encriptación y “anonimización” para proteger a las personas alertadoras, lo que puede alentar a las personas a enfrentarse a la corrupción aunque teman represalias.